El PP denuncia el gasto de más de 330.000 € durante 2020 en sentencias y pagos pendientes del PSOE

  • La concejalía de Urbanismo centra la mitad de las sanciones durante la gestión de Juan Ángel Pérez, secretario general del PSOE.

El Partido Popular ha desglosado la cantidad pagada por el Ayuntamiento en 2020 en concepto de sentencias judiciales y otras penalizaciones, hecha pública en el pleno de presupuestos del pasado mes de enero, y que supera los 330.000 euros.

En concreto, se han abonado 86.000 euros al antiguo asesor de Recursos Humanos en concepto de indemnización por despido improcedente, a lo que hay que sumar 15.000 euros de gastos judiciales.

Otra sentencia cuantiosa ha obligado al Ayuntamiento a abonar más de cien mil euros en concepto de compensación e intereses de demora por valoración de terreros errónea, referida a la modificación puntual nº 3 del PGOU realizada para adecuar la parcela del Parador, gestión liderada por el entonces concejal de Urbanismo y actual secretario general del PSOE Juan Ángel Pérez. “Llama la atención de este caso que desde el ayuntamiento se intercediera ante la Comisión Provincial de Valoraciones para evitar que el terreno fuese tasado como urbano cuando así figuraba en la modificación” indica el alcalde Marino Aguilera.

Las obras de urbanización del polígono Llano Mazuelos, también realizadas bajo la gestión del señor Pérez Arjona, han sido motivo de otra sentencia judicial que nos condena al pago de 22.000 euros más las costas judiciales por el vertido de las aguas pluviales del polígono a una finca particular, “algo incomprensible en una obra de esta magnitud y que nos va a obligar a hacer un fuerte desembolso para canalizar esas aguas”, indica la edil de Urbanismo Mercedes Flores.

En relación al fallido convenio del Toril firmado en 2007 con la antigua EPSA, la resolución del mismo por incumplimiento y desinterés del señor Pérez ha conllevado el pago de una factura de 23.000 euros pendiente desde entonces, por unos trabajos que ahora de nada sirven.

También se ha tenido que abonar una indemnización y sanción por accidente laboral ocurrido en 2018 en el Centro Especial de Empleo Jardines y Medio Ambiente cercana a los 59.000 euros, tras demostrarse que el Ayuntamiento incurrió en negligencia en la aplicación de la normativa para la prevención de riesgos laborales.

Por último, el pago de más de 31.000 euros por la generación de servidumbres para el acceso a unos depósitos municipales, pendientes de 2014, ha permitido evitar una nueva demanda ya que a pesar de la insistencia de la familia nunca llegaba a resolverse esta deuda.

“Llama la atención que la mitad de estas sentencias y otros pagos correspondan a la gestión realizada en la concejalía de urbanismo durante los años en los que el señor Pérez ocupó la responsabilidad”, indica la actual edil de urbanismo Mercedes Flores, quien advierte la falta de voluntad de llegar a acuerdos de las anteriores corporaciones con los damnificados, “a quienes no dieron más salida que acudir a los tribunales”.

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