PP: el único varapalo en materia de personal es el que la justicia da al anterior gobierno municipal

  • Mudarra: “estamos ante un nuevo intento de generar ruido por parte de la oposición, que no muestra más que su nerviosismo por el buen trabajo que está desarrollando el gobierno municipal”

Desde el Partido Popular de Alcalá la Real queremos cuestionar las declaraciones realizadas por el partido socialista quien, a través de su concejal Cecilia Alameda, insinúa “graves irregularidades del Ayuntamiento en materia de personal” y queremos precisar que la concejal socialista sigue en su línea, mintiendo a todos los alcalaínos incluso en lo más básico.

Alameda miente a los ciudadanos, intentando volver a un tema ya debatido y aprobado en pleno, para seguir enfangando y confundiendo a la ciudadanía por un simple error material. Error por el que ya se le dieron explicaciones, no solo por parte del equipo de gobierno sino también por parte de los técnicos de las áreas de intervención y secretaría”, manifiesta la concejal popular, Inmaculada Mudarra, también edil de Personal.

97464064_2433419530236856_3632170519861657600_nCon respecto a la reclamación de uno de los sindicatos con representación municipal, indicarle al grupo socialista y a la Sra. Alameda que nuevamente están equivocados y hacen una lectura muy interesada y malintencionada de esta. “El PSOE, y menos aún la sra. Alameda, están facultados para dar lecciones a nadie, menos aún en materia de personal. Fue el anterior gobierno socialista quien encomendó tareas de técnico-funcionario a un trabajador eventual, y quien va a costar más de 52.000€ al Ayuntamiento de Alcalá la Real y a todos los alcalaínos tras la sentencia por despido improcedente a este trabajador”, precisa Mudarra.

Desde el Partido Popular queremos advertir que, una vez pasado el estado de alarma y la empresa auditora retome su labor de auditoría en este Ayuntamiento, si se detectaran irregularidades en la gestión de la anterior legislatura socialista no dudaremos en ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes, para exigir la debida responsabilidad a quien corresponda.

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